Tragedia y medios de comunicación monárquicos

Fuente portadas: kiosko.net

Archivos históricos a cal y canto Investigadores exigen acceso a los fondos de Defensa y Exteriores. El primero cierra su archivo y el segundo mantiene secretos 10.000 informes

Los historiadores son gente meticulosa, ajena a las premuras que impone la actualidad, acostumbrada a buscar hasta que encuentran ese dato que desmiente o avala su hipótesis de trabajo. Pero eso no quiere decir que no se pueda agotar su paciencia.

La iniciativa lleva la firma de profesores universitarios de 17 países

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aún no ha cumplido su promesa de revisar un acuerdo del Consejo de Ministros, del 15 de octubre de 2010, que declara secretos casi todos los cables y notas diplomáticas, sin importar su fecha de elaboración. Además, el archivo de su departamento está cerrado a cal y canto desde hace un año, cuando se anunció por sorpresa la mudanza de sus fondos al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, dejando en el aire un buen número de tesis doctorales e investigaciones académicas en curso, sin que nadie sepa cuándo podrán reanudarse.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, dio carpetazo, poco después de llegar a su cargo, al proyecto de su antecesora, Carme Chacón, de desclasificar, y por tanto sacar a la luz pública, 10.000 documentos militares con más de 40 años.

Se niega a la sociedad el derecho a conocer por sí misma su pasado

Todas estas medidas, aparentemente inconexas y derivadas de los recortes presupuestarios, han llevado a la investigación histórica en España a una situación de bloqueo sin precedentes y sin parangón con otros países europeos, que ha privado a los estudiosos de la materia prima indispensable para su trabajo.

Cansados de esperar una solución que no llega, casi 300 historiadores, movilizados a través de H-SPAIN —un foro de debate académico sobre historia contemporánea de España—, se han dirigido al presidente, Mariano Rajoy; a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; a los ministros de Exteriores, Defensa y Educación, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios. Su objetivo es exigir al Gobierno “la inmediata reapertura de dichos fondos y la garantía de su accesibilidad para todos los investigadores en el plazo más breve posible”.

Las adhesiones han llegado de todo el mundo. Entre los firmantes de la carta hay 142 profesores e investigadores de universidades de toda España; 18 de EE
UU; 15 de Reino Unido; 10 de Francia; 7 de Alemania; 6 de Italia, y 13 de países como Irlanda, Bélgica, Portugal, Holanda, Hungría, Noruega, Canadá, Japón, Argentina, Puerto Rico o Nueva Zelanda. Así como 41 archiveros e investigadores independientes.

Historiadores del prestigio de Jean-Marc Delauny, Ángel Viñas, Helen Graham, Alfonso Botti o Borja de Riquer respaldan la iniciativa, a la que se han sumado escritores como Rosa Regàs (exdirectora de la Biblioteca Nacional) o diplomáticos como Carlos Miranda (exembajador de España ante la OTAN).

“No puede haber auténtica democracia allí donde no se garantiza a los ciudadanos el derecho a generar una visión crítica del propio desarrollo histórico basado en el acceso al patrimonio documental común”, advierte la misiva. Tras hacerse eco del “profundo malestar producido entre historiadores, archiveros, periodistas y otros grupos sociales por el cierre indefinido e injustificable del acceso a documentos históricos”, los autores de la carta califican de “inverosímiles” los argumentos esgrimidos para no desclasificar 10.000 documentos militares; y de “arbitraria” la decisión de declarar secretos cables diplomáticos que hasta el año pasado podían ser consultados “sin mayores impedimentos por historiadores de todo el mundo”.

No se trata solo del “enorme perjuicio que se está causando a innumerables proyectos de investigación histórica tanto en España como en el extranjero”, alegan, “sino también del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras” en un momento en que se insiste en la necesidad de recuperarlo.

Los firmantes advierten de que se está incumpliendo la recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre una política europea en materia de comunicación de archivos, del año 2000; y el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, de 2009, ambos suscritos por España.

En marzo del año pasado, Exteriores negó a varios historiadores documentos aparentemente inocuos sobre relaciones diplomáticas con Alemania o Filipinas entre 1970 y 1982, con el argumento de que habían sido clasificados por un acuerdo de 2010.

En mayo, Morenés descartó desclasificar 10.000 documentos anteriores a 1968, aunque el equipo de Defensa de Chacón aseguró que no afectaban a la seguridad nacional. En julio, Exteriores comunicó a los historiadores el cierre de su archivo y la transferencia de los fondos a dos archivos dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

“No se trata de una petición de unos pocos para unos pocos”, concluyen los historiadores. “Si bien este llamamiento parte del mundo académico, es a la sociedad en su conjunto a la que se está negando el derecho a conocer por sí misma, al margen de interpretaciones oficiales e interesadas, su propio pasado”.

El País

El País
“Archivos históricos a cal y canto”
“Frenado por la ley de transparencia”

Público
“España impide a los historiadores investigar en sus archivos”

El Confidencial
“El Gobierno cierra a cal y canto los archivos históricos de Defensa y Exteriores”

Ara (Barcelona)
“La denúncia de 300 historiadors pel bloqueig a la documentació militar i diplomàtica arriba al Congrés i al Senat”

La Verdad (Murcia)
“300 historiadores exigen al Gobierno que libere 10.000 documentos del franquismo”
“, advierte el historiador Ángel Viñas”

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)
“Los historiadores ‘quieren’ los archivos”

Diario del Aire
“El archivo diplomático español, el más secreto del mundo”

Lo Que Somos
“Vetados cinco siglos de documentos”

Revista Life en español (12 de agosto de 1957): "El Candidato de Franco al trono de España"

300 historiadores exigen al Gobierno que libere 10.000 documentos del franquismo

En octubre de 2011 los historiadores se frotaban las manos ante la inminente desclasificación de 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968. Estos archivos contenían información sobre órdenes de batalla y movimientos de tropas durante la contienda civil, la actuación española en la II Guerra Mundial o la colaboración militar entre la dictadura franquista y EE UU a mediados de los años 50. Sin embargo, con la llegada del PP al Gobierno, esa publicación se paralizó en aras de la seguridad del Estado. Ahora, 300 investigadores reclaman en una carta dirigida al presidente del Ejecutivo que «desbloquee» la desclasificación de esos archivos prevista para hace dos años y que los propios documentalistas del Ministerio de Defensa avalaron como «un patrimonio documental de gran interés para los historiadores».

«Están haciendo el ridículo. Creo que esta decisión es producto de la ignorancia y el miedo. La desclasificación es normal en países democráticos», asegura el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Sanz, quien recuerda que los técnicos del Ministerio ya dieron su beneplácito a hacer públicos estos archivos de la Guerra Civil y el franquismo por «no constituir riesgo real alguno para la seguridad del Estado» en su informe de 2011. Sanz explica que solo la convocatoria de elecciones anticipadas -con el Gobierno en funciones- impidió que esa recomendación se aprobara.

Sin embargo, el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, para sorpresa de los propios historiadores, paralizó la desclasificación de los miles de documentos esgrimiendo la seguridad del Estado como argumento. Desde su departamento aseguran que no han paralizado nada porque nunca se llegó a aprobar la desclasificación. Además, insisten en que si esos papeles vieran la luz, a pesar de referirse a hechos acaecidos hace siete décadas, «podrían dañar las relaciones de España con terceros países». Una decisión que los investigadores consideran absurda si se tiene en cuenta que mucha de la información que aún es secreta en España los especialistas ya la conocen debido a la desclasificación de otros países. Y es que en Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, la ley marca un límite de 30, 50 o 75 años -en función de la sensibilidad del contenido- para desclasificar un documento. Algo que no ocurre en España, donde la ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, no establece ningún plazo para la desclasificación. La decisión corresponde al Consejo de Ministros.

Sobornos

«Nos conformamos con la transparencia en la documentación histórica», asegura Sanz. El investigador destaca el contraste entre el oscurantismo imperante en España con la reciente desclasificación en el Reino Unido de documentos en los que se detallaban los sobornos del MI6 -la Inteligencia británica- a algunos generales franquistas para evitar la participación española en la II Guerra Mundial.

Tras dos años reclamando al Ministerio una solución, los investigadores de un centenar de instituciones académicas de 17 países, encabezados por el profesor Sanz y agrupados en el foro académico H-Spain, han decidido dar un paso más y enviar una carta al presidente del Gobierno, a los ministerios afectados y a los grupos parlamentarios para denunciar la situación. La misiva está firmada por 300 historiadores, algunos de gran talla internacional como Jean-Marc Delaunay, Helen Graham o Ángel Viñas.

Pero, ¿qué ocultan esos 10.000 archivos para ser considerados secreto de Estado? «No creo que exista ningún documento revolucionario que vaya a cambiar la historia del país. Pero sí contendrán detalles para comprenderla mejor», asegura Sanz.

Algunos documentos recogen información sobre la actuación española en la II Guerra Mundial, como dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles. Según la propia clasificación de los técnicos del Ministerio, entre los archivos había informes que hacían referencia a las medidas de la dictadura franquista durante la posguerra para protegerse de una posible invasión desde los Pirineos. Así, se enumeran documentos sobre programas de alarma, evacuación y defensa de los Pirineos de los años (1949-1955) o informes de entrega de material aéreo norteamericano en 1955, cuando España dejó a un lado el aislamiento internacional y se convirtió en un aliado de Washington en la lucha contra el comunismo. Los documentos más recientes hacían referencia a la actuación del Ejército del Aire con motivo de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968.

Fuente: La verdad de Murcia

Resumen general de resultados Estudio General de Medios (Octubre de 2012 a Mayo de 2013).

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El Rey y la herencia de su padre: La Casa Real dice tener "la convicción" de que los impuestos se pagaron... pero no ha encontrado documentos que lo prueben

Tras cuatro meses buscando documentación para dar explicaciones sobre la herencia de dos millones de euros, depositados en Suiza, que el Rey recibió de su padre, don Juan, conde de Barcelona, La Zarzuela precisó este jueves que el Monarca ya “no tiene cuentas en el extranjero” porque el dinero se gastó en “pagar deudas y obligaciones” de los condes de Barcelona y las cuentas “quedaron a cero” en 1995.

A la pregunta, en un encuentro con periodistas, de si se pagaron los correspondientes impuestos, un portavoz de La Zarzuela explicó: “No lo sé. La Casa del Rey tiene la convicción de que el albacea, Luis de Ussía, ya fallecido, los pagó, pero no tenemos documentos que lo prueben”.

La Casa del Rey dio varios motivos para explicar la falta de documentos que acrediten el recorrido del dinero y si se pagaron o no los correspondientes impuestos: que los bancos suizos en los que estuvo depositado —Societé de Banques Suisses y Societé Generale Alsacienne de Banques— fueron absorbidos por otros y cerrados; que en La Zarzuela no hay un solo dato sobre aquellas cuentas y que Hacienda no los ha facilitado. Para explicar por qué tampoco la Agencia Tributaria tenía constancia documental del pago de esos impuestos, la Casa del Rey dio, a su vez, dos razones: que, pasados 20 años de la muerte de don Juan, Hacienda no los conservaba y que, en cualquier caso, esa información solo podría facilitársela al propio Monarca y no al jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, que es quien ha dedicado cuatro meses a seguir el rastro de esa herencia para dar explicaciones a los ciudadanos. 

El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, recuerda que el Monarca, “como cualquier otro ciudadano, puede autorizar a alguien de su confianza, como es el jefe de la Casa del Rey, a que le represente en la Administración tributaria y solicite esos datos” y sugiere buscar en la notaría: “Los notarios colocan una estampilla en el documento de aceptación de herencia para acreditar que se ha pagado el impuesto de sucesiones y tienen obligación de guardarlo”... (El País).

¿Ha pagado el Rey los impuestos por la herencia de sus padres?

No habían transcurrido ni seis horas desde que portavoces oficiales de Zarzuela informasen de que el Rey no tiene ni un euro de la herencia de su padre porque la empleó en sufragar deudas de sus progenitores cuando ya habían entrado en el Registro del Congreso de los Diputados preguntas al respecto. El primer bloque los firma el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Alfred Bosch. Todas ellas tienen como objetivo conocer sí el jefe del Estado y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita, han pagado los impuestos derivados de los casi dos millones de euros que sumaban la herencia de sus padres entre dinero en efectivo e inmuebles. (El País).

Las relaciones de Alfonso XIII y Francesc Cambó

Foto: Alfonso XIII, Cambó, el marqués de Viana y Pich i Pon en las obras de la Exposición Universal de Montjuïc (1929) Archivo de La Vanguardia

“Ha llegado la hora de Catalunya”, proclamó eufórico Francesc Cambó en noviembre de 1918, cuando, según su versión, el rey Alfonso XIII, sumido en una España en crisis, le dijo: “No veo otra manera de salvar una situación tan difícil que satisfacer de una vez las aspiraciones de Catalunya”. La Vanguardia