Manuel Fernández Álvarez decía, en un artículo muy interesante -«Derrota y triunfo de las Comunidades»-, que «el historiador de oficio que se dedique al siglo XVI podrá escoger otros temas, podrá abordar cuestiones para él desconocidas, pero no podrá ignorar el de las Comunidades».
Los investigadores se han puesto de acuerdo en considerar a las Comunidades como el estallido final de una larga crisis que comienza a la muerte de Isabel. A partir de allí se puede comprender la cantidad de tinta que ha corrido para tratar de explicar esta cuestión. A lo dicho debemos agregar, que los contemporáneos de los hechos han hecho lo suyo, y en función de esto ha habido una proliferación de escritos de desigual importancia.
El siglo XIX reivindicó para sí el tema comunero resaltando a sus principales protagonistas: Padilla, Bravo y Maldonado. Tal perspectiva, cambia bruscamente cuando sobreviene la Restauración y se produce un viraje de la interpretación sobre el fenómeno, considerado ahora como un movimiento regresivo. Los representantes de esta nueva interpretación son Cánovas -quien creía que la grandeza de la monarquía había sido el resultado de unas herencias que España no se merecía- y Menéndez Pelayo -para quien las Comunidades fue un movimiento regresivo, frente al europeísmo modernizante que venía a simbolizar el emperador-.
En el medio de estas producciones, están las obras de Danvila, y la del archivero Tomillo, gracias a la cual hoy la Academia Nacional de la Historia de Madrid, tiene uno de los fondos más interesantes sobre las Comunidades.
Será en la década de los sesenta cuando se inicien una serie de investigaciones que tengan como objetivo la cuestión comunera: la del profesor Maravall, la del hispanista francés Joseph Pérez y la de J. Gutiérrez Nieto, pueden aún ser consideradas como las más representativas.
Según la tesis de Maravall -Las Comunidades. Una primera revolución moderna- hay que ver en el alzamiento comunero la más temprana de las revoluciones de los tiempos modernos, adelantándose a Inglaterra y a Francia, en un intento por dar a Castilla una estructura política que pusiese un freno a la tendencia absolutista de la corona. Por su parte, tanto J. Pérez, como J. Gutiérrez Nieto - Las Comunidades como movimiento antiseñorial- , se fijaron preferentemente en los aspectos socio-económicos derivados del alzamiento comunero.
González Alonso, en su artículo «Las Comunidades y la formación del Estado moderno», propuso que tanto en 1465, con la sentencia arbitral presentada por la nobleza a Enrique IV, como en 1520, con la Ley Perpetua, formulada por la Santa Junta comunera, son los viejos estamentos los que tratan de frenar el absolutismo regio: da la impresión de que la óptica de 1520 es la de 1465, afirma el autor.
S. Haliczer -Los comuneros de Castilla. La forja de una revolución. 1475-1521- revisa distintas interpretaciones del movimiento a la luz del funcionalismo sociológico. Su tesis considera que los sectores urbanos en pleno desarrollo, que durante la guerra de sucesión de 1474-5 habían respaldado a Isabel, obtienen a principios del reinado de los Reyes Católicos algunas satisfacciones. Así, en el fondo el movimiento comunero significaría una rebelión del patriciado urbano contra la nobleza y su aliada, la corona. S. Haliczer considera que la revolución comunera introdujo cambios importantes en las relaciones de la corona con las elites urbanas de Castilla, y que Carlos asumió -al menos en parte- el programa comunero.
Por el contrario, J. Pérez -La revolución de las Comunidades de Castilla- nos señala que la teoría del movimiento comunero está proporcionada por los frailes y letrados formados en las universidades de cuño escolástico; pero las Comunidades suponen ya una praxis, y ahí es donde entra en juego el aspecto revolucionario y moderno del movimiento.
Recientemente ha aparecido la obra de P. Sánchez León -Absolutismo y comunidad. Los orígenes sociales de la guerra de los comuneros de Castilla- que escrita desde la sociología histórica, y apoyada sobre todo en el materialismo histórico. Desde allí, introduce un interesante análisis comparativo de las Comunidades, efectuando un contrapunto entre la paradigmática Segovia, y una Guadalajara aparentemente poco comprometida en los acontecimientos sediciosos.
Así, las Comunidades se constituyen en un tema que conlleva innumerables problemáticas. Creo que dos son las que más han sobresalido en las investigaciones. Una tiene que ver con el tema de las Comunidades como movimiento antiseñorial, polémica puesta en escena por el profesor Moxó, para quien las Comunidades no pueden calificarse como un movimiento antiseñorial sin más, ya que por ejemplo, muchos linajes toledanos en el momento del alzamiento, eran comuneros y a la vez poseían importantes señoríos. Por otra parte, para García Sanz y analizando el caso segoviano, el patriciado urbano basa su riqueza en la propiedad rural y en la de ser señores de importantes rebaños de ganado lanar, obteniendo grandes beneficios, que de cara al movimiento comunero, los impulsó a buscar protección en el Alcázar, sujeto al rey durante el tiempo que duró el conflicto. También Ruiz Martín, aclara que entre la Grandeza y las ciudades de la meseta superior había una pugna de fuertes intereses económicos.
La otra problemática gira en torno al tema de si las Comunidades fueron una revolución moderna o medieval, y si fueron una revolución. Ya adelanté la posición de Maravall, inclinándose por la primera postura. Quienes adoptan la segunda, están muy bien representados por el trabajo de J. Valdeón, quien vio en las Comunidades la última revuelta medieval, porque entiende que un movimiento de tal entidad, surgido apenas unos años después de la desaparición de los Reyes Católicos, no puede ser comprendido si prescindimos de sus antecedentes inmediatos, los cuales eran, sin la menor duda, medievales. La vieja disputa acerca de si las Comunidades fueron un conflicto político o social le parece fuera de lugar.
Ciertamente había móviles políticos en las propuestas de los rebeldes, pero es imposible escindir el plano de lo político del plano de lo social. Por lo demás las Comunidades, como había ocurrido con las Hermandades un siglo antes, terminaron por luchar no sólo contra el bando realista en el sentido del monarca y sus consejeros áulicos, sino básicamente contra los grandes señores territoriales de Castilla.
Tierno Galván encabeza la producción de esta segunda parte de nuestro siglo, considerando a las Comunidades como una guerra civil española, una guerra de intolerantes: «el emperador fue intolerante, los cabecillas comuneros fueron intolerantes. De la guerra castellana de las comunidades no salió nada nuevo, no fue asimilada y transformada, quedó ahí con sus tres caras de rencor, vencimiento y triunfo» ; y más adelante agrega: «Lo malo del caso es que aún hoy aquella guerra no está interpretada con penetración. Hay tópicos contrarios que permanecen sin cambios, como es connatural a las culturas «procesales», pero las preguntas básicas están sin responder. ¿Fue una guerra ideológica o una lucha de clases?; ¿Surgió de repente o es el resultado de una inquietud larvada durante años?; ¿Cuál fue el subsuelo económico, social y psicológico de la contienda?».
Casi recientemente el análisis realizado por diversos investigadores, se dirige hacia la perspectiva eminentemente económica y en rasgos generales, social. Esto obviamente, está lejos de presentarse como homogéneo y coherente, incluso a pesar de servirse de un utillaje conceptual bastante consensuado. Así queda demostrado en un número monográfico de «Historia 16», en su número 53. Aquí, los principales especialistas en la cuestión sintetizan sus argumentos y opiniones sobre los factores desencadenantes y la naturaleza del levantamiento. Recorriendo sus páginas se hace evidente la persistencia de lagunas explicativas, perspectivas contradictorias, y lugares comunes que dejan abiertas numerosas preguntas.
Otro tema atrae la atención: la cuestión si se quiere «ideológica», término que entrecomillo por no ser apropiado -creo- para la época que nos convoca.
Diversas investigaciones han analizado con rigor y detalle diferentes aspectos económicos, sociales, políticos e ideológicos del contexto histórico, en el que las ciudades con voto en Cortes y las otras, expresaron violentamente el rechazo a las propuestas carloquintistas, permitiendo una visión bastante completa de la cadena de acontecimientos que llevó a la formación del bando rebelde y a su derrota en manos del ejército realista. Sin embargo, a pesar de proporcionar importantes claves para la ordenación de los datos relevantes, las investigaciones realizadas presentan un problema de inconsistencia entre los predicados generales de los que se sirven y la evidencia empírica en la que se apoyan.
Ahora bien ¿Qué autores han concitado más la atención de quienes -a la hora de emprender una investigación sobre esta problemática, sobre todo en lo que tiene que ver con las explicaciones que sobre el ideario, se han impuesto- se han preocupado más que por las interpretaciones de tipo economicistas o exclusivamente sociales, por otras que intenten abarcar la problemática del pensamiento en general, por parte de los revolucionarios, de los realistas, en síntesis, de los protagonistas de la historia?
Hasta el momento sigue siendo la obra de J. Maravall la que demanda preeminencia, tal vez porque vino a inaugurar las explicaciones sociales del levantamiento urbano, basado en la hipótesis de que el ideario político comunero expresó de manera dramática una primera y temprana crisis de la modernidad en España y en toda Europa. No hay dudas de que su tesis central es demasiado atractiva como para haber pasado desapercibida a adeptos y detractores de su obra. Los que se ubican en su línea, aplauden la puesta en escena de estos revolucionarios comuneros como preclaros visionarios del moderno estado de derecho en su forma parlamentaria.
Es interesante incluir, dentro de estas notas historiográficas, un apartado que guíe al lector para la búsqueda de documentación sobre este tema.
El Archivo General de Simancas, es de consulta obligatoria y fundamental para el período de los Austrias: los Memoriales, la sección de Comunidades de Castilla, la Cámara de Castilla, el Consejo Real, y el Registro General del Sello, se constituyen en los ítems fundamentales para encontrar interesante documentación sobre el tema.
La mayor parte de los documentos existentes en Simancas, en número de 1823, los posee desde 1853, la Real Academia de la Historia, porque el archivero Juan Manuel García González, remitió copia de todos ellos. En Simancas, entre sus oficiales, se encontraba Atanasio Tomillo, que concibió la feliz idea de escribir una nueva historia de las Comunidades de Castilla, rectificando los muchos errores que contenían las publicaciones hasta ese entonces. Finalmente, Tomillo cede en octubre de 1895 a la Real Academia de la Historia su colección: 3820 documentos que ocupan 17000 folios, todos de transcritos de su puño y letra que sirve de anticipado cotejo a los anteriores enunciados. Así, los fondos más importantes se agrupan tanto en la colección Salazar, como en el fondo Tomillo.
Entre los fondos documentales éditos, existe la memoria documentada de D. Francisco de Bofarull, bajo el nombre de Predilección del Emperador Carlos V por los catalanes; es una colección interesante de documentos inéditos desde 1516 hasta 1558, que comprende, entre otras cosas, el período de las Comunidades.
Dentro del género de los cronistas, encontramos la Crónica y la Relación de las Comunidades de Castilla, de Pedro de Mexía, que en 1852 imprimiera la Biblioteca de Autores Españoles, con notas de Cayetano Rosell. La Narración del presbítero Juan Maldonado, traducida y anotada en 1840, por Quevedo; la Relación que compuso el toledano Pedro de Alcocer, comentada en 1872 por Antonio Gamero, y a esto podemos adicionar las notas que encontramos en Las Epístolas familiares de Antonio de Guevara, y en las de Pedro Mártir de Anglería.
Fray Prudencio de Sandoval fue el primero que presentó un gran caudal de documentos inéditos, y desde entonces su obra se ha considerado como arsenal indispensable para tratar de las Comunidades de Castilla, juntamente con la Historia de Burgos, de Antonio Buitrago; la de Valladolid, por Juan Ortega y Matías Sangrador; la de Zamora, por Césareo Fernández Duro; la de Ávila por Juan Martin Carramolino; la de Segovia, por Diego de Colmenares; la de Murcia, por Francisco Cascales; la de Salamanca, por Villar y Macías, a la que agrego la recientemente coordinada por Ángel Rodríguez y dirigida José Luis Martín Rodríguez; la de Plasencia, por Alonso Fernández; la de Guadalajara, por Fernando Pecha; y los Anales de Aragón, por Jerónimo Zurita.
Han pasado muchos años, y las publicaciones han iniciado una época de saludables rectificaciones, sobre todo en base a las fuentes y no a exaltaciones o críticas. Tal el caso del P. Teixidor, o de Antonio Rodríguez Villa, quien en la «Revista Europea», publica un manuscrito que conserva la Biblioteca del Monasterio del Escorial, titulado «La viuda de Juan de Padilla», y comienza diciendo: «La historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, está aún por escribir. De tan memorable y trascendental alzamiento, lo que se conoce mejor es su sangriento y funesto desenlace. Quedaron en los campos de Villalar sepultadas las antiguas libertades castellanas, y en el Archivo General de Simancas arrojados y sumidos en la más profunda obscuridad, hasta muy entrado el siglo presente, los papeles relativos a aquel suceso; y mientras estos no nos revelen de una manera auténtica y fidedigna las verdaderas causas del alzamiento, sus alternativas, vicisitudes y los múltiples motivos que ocasionaron su rápida decadencia, no es posible, en medio de opiniones, apasionadas unas, incompletas otras, formar juicio exacto sobre esta empresa.
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