- La Comisión de la Verdad es una herramienta de reconciliación que se ha utilizado en más de 40 países.
- La Plataforma prepara acciones coincidiendo con la investigación del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas en España.
La Plataforma por la Comisión de la Verdad, compuesta por víctimas, asociaciones de memoria histórica, juristas y defensores de derechos humanos, ha solicitado a todos los grupos parlamentarios que alcancen un acuerdo y presenten una Proposición no de Ley que inste al ejecutivo a crear una Comisión de la Verdad.
El objetivo de la Plataforma es restablecer la verdad histórica a través de una herramienta recomendada por la ONU, la Comisión de la Verdad, para explicar el pasado. La comisión debería servir para aclarar las violaciones de derechos humanos ocurridos en España durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista.
La Plataforma quiere forzar así el debate entre los parlamentarios de cara a la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, prevista para Septiembre. “La sentencia del Tribunal Supremo sobre Garzón ha cerrado la vía jurídica, estamos en una especie de limbo que contraviene todos los acuerdos internacionales y la legislación sobre derechos humanos” denuncia el portavoz de la Plataforma Jordi Gordon.
La Plataforma también llevará a cabo acciones en el marco del examen que el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas está realizando a España. El portavoz de la Plataforma asegura que emprenderán “una campaña a nivel internacional para denunciar ante la ONU que el Gobierno está incumpliendo la legislación” y que será presentada el próximo 9 de julio.
En esta línea la Plataforma ha solicitado un encuentro formal con el del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias para denunciar la situación de desamparo jurídico y político que todavía sufren los familiares de víctimas. Manifiestan el incumplimiento por parte del Estado Español de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General (resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Los colectivos piden además que el texto que elaboren los grupos parlamentarios incluya una declaración de imprescritibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la obligación de investigar los todavía 150.000 desaparecidos y 30.000 niños robados, y la exhumación de fosas con el consiguiente reconocimiento de lugares de la memoria.
La Plataforma quiere forzar así el debate entre los parlamentarios de cara a la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, prevista para Septiembre. “La sentencia del Tribunal Supremo sobre Garzón ha cerrado la vía jurídica, estamos en una especie de limbo que contraviene todos los acuerdos internacionales y la legislación sobre derechos humanos” denuncia el portavoz de la Plataforma Jordi Gordon.
La Plataforma también llevará a cabo acciones en el marco del examen que el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas está realizando a España. El portavoz de la Plataforma asegura que emprenderán “una campaña a nivel internacional para denunciar ante la ONU que el Gobierno está incumpliendo la legislación” y que será presentada el próximo 9 de julio.
En esta línea la Plataforma ha solicitado un encuentro formal con el del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias para denunciar la situación de desamparo jurídico y político que todavía sufren los familiares de víctimas. Manifiestan el incumplimiento por parte del Estado Español de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General (resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Los colectivos piden además que el texto que elaboren los grupos parlamentarios incluya una declaración de imprescritibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la obligación de investigar los todavía 150.000 desaparecidos y 30.000 niños robados, y la exhumación de fosas con el consiguiente reconocimiento de lugares de la memoria.
(sigue) Fuente: INFOLIBRE Actualizada 28/06/2013 a las 14:32
