Foto: TANIA CASTRO (El País)
Los últimos años, con el PP al frente del gobierno autonómico, han sido muy intensos informativamente. El sistema financiero valenciano ha desaparecido del mapa, cuando hasta hace nada sus dos cajas de ahorro, Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), ocupaban la tercera y cuarta posición en la clasificación de entidades de ahorro españolas, y el Banco de Valencia, símbolo de una burguesía ilustrada, tuvo que ser vendido por un euro a La Caixa. El miércoles pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ordenaba la detención de cinco directivos de la extinta CAM, ahora en manos del Banco de Sabadell, y un día después enviaba a prisión a dos de sus máximos responsables.
Al mismo tiempo que la justicia detenía por primera vez a unos banqueros de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunciaba el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que habían sido despedidos más de 1.000 trabajadores. Fabra explicó que la clausura era innegociable porque no disponía de 40 millones para hacer frente a las nóminas de los periodistas readmitidos (millones que había solicitado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que este le había negado) y porque no iba a cerrar “un colegio o un hospital para mantener RTVV”, en una curiosa confrontación de derechos, que pocos políticos de su nivel se hubieran atrevido a hacer, y con escaso respeto a la realidad. Antes de clausurar RTVV, Fabra ya había ordenado el cierre de escuelas rurales y había paralizado durante dos años la construcción de hospitales.
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