En casi todo el mundo, los periódicos han tenido dificultades para ajustarse a la tecnología digital y a la disminución de sus ingresos de publicidad. Pero en España, la rápida reestructuración de una industria en contracción (en siete años más de once mil periodistas han perdido su trabajo), también ha suscitado inquietudes de que los periódicos tradicionales hayan perdido su independencia en medio de la creciente presión financiera.
Aquí, la industria se ha enfrentado a una tormenta perfecta: enormes deudas y la firmeza del gobierno conservador de Mariano Rajoy y su Partido Popular, que ha reaccionado agresivamente a las críticas.
Este año el gobierno de Rajoy fue atacado por sus oponentes tras aprobar una llamada “ley mordaza”, que impone duras multas por protestas políticas no autorizadas y por publicar videos aficionados de policías, entre otras cosas. El jueves pasado, un grupo internacional de observadores de medios publicó un reporte conjunto el en que expresaba su preocupación por la libertad de medios en España y llamaba a derogar la ley y aflojar el control del gobierno sobre la difusora nacional.
Pero son presiones más discretas las que también han generado preocupación por la libre expresión en España y en particular la pregunta de si los periódicos tradicionales, otrora los más influyentes del país, ya fueron metidos en cintura.
Muchos afirman que la poderosa combinación de presiones gubernamentales y financieras ha minado la capacidad de los periódicos de cubrir una gran variedad de conflictos de interés, justo cuando se multiplican los escándalos financieros y políticos que estallaron con la crisis de la deuda española...
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