Duermen el sueño de los justos en legajos polvorientos atados con cordeles o desparramados en viejas cajas olvidadas en los archivos. Es un tesoro para los historiadores tan valioso como inaccesible. Se trata de los documentos clasificados como secretos oficiales previos a 1968 que la exministra de Defensa Carme Chacón trató de hacer públicos en el último aliento del mandato de Zapatero, en octubre del 2011. No le dio tiempo. Su propuesta para que el Consejo de Ministros aprobara la desclasificación entró a la Moncloa semanas antes del cambio de Gobierno y nunca llegó a ser validada. Con su llegada al Ministerio de Defensa, Pedro Morenés paralizó en el 2012 esta desclasificación arguyendo que podía ocasionar «problemas con socios», en referencia a otros países, pero ahora recapitula. Fuentes del ministerio admiten que están volviendo a estudiar los textos para hacerlos públicos. No trabajan con una fecha concreta, pero confirman que la voluntad es sacar a la luz la documentación que ya no suponga ningún riesgo para la seguridad nacional. Se trata, en cualquier caso, de la segunda revisión que se hace al respecto. Durante el mandato de Carme Chacón, los responsables de los ejércitos de Tierra, Aire y la Marina analizaron uno por uno los legajos y reportaron a la ministra qué documentos ya no entrañaban peligro alguno. Con ese informe, se elaboró un listado de materias a desclasificar que ahora Defensa vuelve a llevar a examen.
El ministerio ha confirmado que se trata de 10.000 documentos cuya salida a la luz se tramitará vía Consejo de Ministros, pero no detalla qué especialistas están realizando esta tarea, en qué punto se encuentra la investigación, ni qué plazo se ha establecido para aprobarla. En cualquier caso, de producirse, sería la desclasificación en bloque más importante que se haya hecho nunca en España, algo que vienen reclamando los estudiosos de la materia desde hace años. Cuando Morenés decidió paralizar la desclasificación, 300 historiadores firmaron un manifiesto de protesta y se lo enviaron al ministro, del que nunca recibieron respuesta, y ahora se muestran escépticos. «¿Qué secretos han de guardarse todavía bajo siete candados? ¿Qué serpientes venenosas hay que ocultar? ¿Las rencillas de las tres Armas por hacerse con la tajada mayor posible?», se pregunta el historiador Ángel Viñas.
Material valioso
La información es valiosa porque hasta el momento se ha mantenido en secreto y no ha podido ser consultada por los historiadores. Entre los documentos más interesantes figuran las órdenes de batalla, los movimientos de tropas y una prolífica serie sobre el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en Marruecos, que incluye los detalles de los desembarcos alemanes y la ayuda que Franco recibió de Hitler durante la guerra civil. Otra sección destacada hace referencia al protectorado español en Marruecos, la campaña Sáhara-Ifni, campos de concentración y los tribunales militares durante la contienda. La información aportada por la Armada resulta especialmente esclarecedora para investigar la cooperación que existió entre Italia, Alemania y España a través del armamento en buques de guerra.
Todos los documentos son anteriores a 1968, el año en el que se aprueba la ley de secretos oficiales, que continúa en vigor tras un ajuste en 1978 para adecuarla a la Constitución. Se trata de una regulación muy restrictiva. En España no existe una alerta para que la Administración desclasifique automáticamente los documentos que ya no entrañan ningún riesgo, como sucede en otros países con una legislación más avanzada como EEUU y el Reino Unido. Además, los historiadores tampoco pueden solicitar los documentos, porque no tienen la certeza de que esos informes existan ni saben dónde están archivados. La ley establece que el único competente para desclasificar un documento es la misma autoridad que lo declaró secreto, es decir, el Consejo de Ministros y el Estado Mayor de la Defensa. Para abordar la desclasificación de todo el material que ya no es peligroso debería modificarse la ley de secretos oficiales de 1968.
Plazo máximo de 30 años
Izquierda Plural presentó recientemente en el Congreso de los Diputados una iniciativa para modificar esa legislación. Propone que solamente el Consejo de Ministros tenga potestad para declarar secreto un documento y que la clasificación pueda durar 30 años, prorrogables en determinados casos que entrañen algún riesgo.
El Grupo Parlamentario Socialista también ha expresado su voluntad de abordar esta revisión normativa y ha propuesto crear una comisión interministerial en la que puedan participar también expertos para elevar un informe al Parlamento cara a modificar la legislación siempre con las máximas garantías de transparencia y cautela.
No todos los historiadores comparten la necesidad de rehacer la ley de secretos oficiales. Carlos Sanz, por ejemplo, que lideró el manifiesto de queja a Defensa, asegura que como usuario prefiere «esta ley franquista, que cabe en una página, a lo que ahora puedan redactar». «Temo que la nueva ley dé más armas a la Administración para secuestrar documentos», añade.
'EXILIO' A OTROS PAÍSES / A falta de acuerdos en el Congreso y mientras el Ministerio de Defensa no levante el secreto de los numerosos legajos que posee, los historiadores trabajan en lo que supone el colmo del absurdo, esto es, en la necesidad perentoria de tener que recurrir a los archivos de otros países para averiguar qué diablos se esconde todavía de lo sucedido en España hace un mínimo de casi 50 años.
