LA
DESCLASIFICACIÓN el pasado lunes por las autoridades francesas de los archivos
policiales y judiciales del régimen de Vichy, un gobierno de corte fascista
aliado del Tercer Reich y encabezado por el mariscal Pétain, revela que hay
países que tratan con respeto su pasado histórico, por difícil que sea de
asumir, y otros, como España, en los que
se impide a los historiadores, y por tanto a los ciudadanos, conocer su propia
Historia. Es cierto que han tenido que pasar 70 años desde el final de la
Segunda Guerra Mundial para que se pueda conocer con exactitud la actuación del
llamado oficialmente Estado Francés, formado por la parte del territorio
ocupado por la Alemania nazi y la totalidad de sus colonias. También, que parte
de esa documentación ya era accesible, previa petición, a periodistas e
historiadores, y que en base a ella se pudo juzgar a varios dirigentes
políticos que colaboraron en las deportaciones de civiles y el exterminio de
los judíos europeos, como Maurice Papon, Klaus Barbie y Paul Touvier. Pero
ahora se desclasificarán más de 200.000 documentos de aquí hasta 2019 que
servirán para fijar la arquitectura represiva instaurada por Pétain y sus
aliados nacional socialistas, además de la actuación de los tribunales
populares que tras la liberación juzgaron y ajusticiaron a los criminales de
guerra colaboracionistas. Con la firma de este decreto, Manuel Valls adelanta
en cinco años el desvelamiento casi definitivo de un episodio histórico clave
en la configuración de la memoria colectiva francesa, ya que el Código de
Patrimonio, similar a las leyes que rigen en EEUU y Gran Bretaña, permite
desbloquear los archivos históricos pasados 75 años. En España, por contra, desde la instauración de la democracia en
1978 ningún gobierno ha creído oportuno no sólo elaborar una ley general de
acceso a los archivos, estableciendo un razonable límite temporal, sino abolir
la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún hoy en vigor, en virtud de la cual se
encuentra inaccesible gran parte de la documentación histórica del siglo XX.
Ni los gobiernos de UCD, ni los del PSOE ni los del PP han tenido la voluntad
política de facilitar el trabajo de los historiadores derogando una ley
franquista o, al menos, elaborando una relación de los documentos clasificados
como secretos de Estado. Por eso, sin ser una responsabilidad exclusiva del PP,
es innegable que el Ejecutivo de Rajoy ha desaprovechado su mayoría absoluta
para resolver de una vez por todas esta
carencia de nuestra democracia. Una inacción en la que todos salimos perdiendo.
Y no sólo porque un país que no conoce su propio pasado está condenado a
cometer los mismos errores, sino porque allí
donde no hay conocimiento objetivo la Historia se convierte en leyenda y
ésta se transforma en revanchismo. Ejemplo de esto último es la Ley de la
Memoria Histórica, que debió también ser abolida por el Gobierno y se ha
mantenido, sin embargo, como una herencia envenenada y cainita del zapaterismo.
La mayoría de los historiadores coincide en la desacertada actuación de los ministerios de Defensa y Asuntos
Exteriores impidiendo la desclasificación de más de 10.000 carpetas con
documentos del período 1931-1968. Un material cuya desclasificación había sido
aconsejada por una comisión de archiveros e historiadores y que Carmen
Chacón tampoco se atrevió a desbloquear. No siempre el pasado de un país es
glorioso, como acaban de reconocer los japoneses en el caso de las esclavas
sexuales coreanas, o tendrán que asumir los franceses cuando los investigadores
empiecen a hacer públicos nombres insospechados de colaboracionistas. Pero los
ciudadanos tienen el derecho a conocer su Historia. Y para ello es necesaria
una ley que regule el acceso a los archivos públicos y privados y que evite
arbitrariedades políticas impropias de un Estado de Derecho.
(El Mundo (Editorial) 31/12/2015)
Presidente de CEHRI reitera las quejas a Margallo
por las trabas para acceder a los fondos de Exteriores
MADRID, 14
Ene. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Comisión Española de Historia de las
Relaciones Internacionales (CEHRI), Juan Carlos Pereira, ha manifestado su
"frustración" en nombre de los historiadores españoles ante el
ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, por
las dificultades que se encuentran los historiadores españoles al acceder a la
documentación histórica del Ministerio (seguir leyendo, aquí...)
