La guerra sucia contra el terrorismo
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 01/12/2008. El País.
DOS NOTAS OFICIALES DEMUESTRAN QUE EL GOBIERNO DECIDIÓ MENTIR A LA OPINIÓN PÚBLICA
El presidente del Comité Permanente Hispano-Norteamericano propuso que las escalas se realizaran en la base de Morón "por ser el aeropuerto más discreto"
"Se estima que el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y alternativo, Rota". El vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, no tuvo ninguna duda para que los aviones que trasladaban a prisioneros talibanes y supuestos miembros de Al Qaeda a Guantánamo hicieran escala en España.
"Se estima que el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y alternativo, Rota". El vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, no tuvo ninguna duda cuando, el 11 de junio de 2002, recibió con carácter urgente una consulta sobre la petición de Estados Unidos para que los aviones que trasladaban a prisioneros talibanes y supuestos miembros de Al Qaeda a Guantánamo hicieran escala en España.
El consejero político-militar de la Embajada de EE UU en Madrid, en su visita de la tarde anterior al director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, se había mostrado indiferente sobre la conveniencia de que las escalas se realizaran en aeropuertos civiles o militares. Pero Aguirre de Cárcer le dijo, según hizo constar en su informe, que "sería preferible utilizar aeropuertos en bases militares, como Morón o Rota, en vez de aeropuertos civiles".
Para el vicealmirante Calvo, "el aeropuerto más discreto" era la base de Morón, a 56 kilómetros de Sevilla. La misma base donde, en la Guerra del Golfo de 1991, se desplegaron los B-52 que bombardearon Irak; y en la guerra de 2003, los bombarderos invisibles F-117. Se quería que los prisioneros trasladados a Guantánamo también se volvieran invisibles para los españoles.
Había motivos para evitar la publicidad. El Gobierno era plenamente consciente de la ilegalidad de estos traslados. "Considero [que] debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales", escribió Calvo en sus comentarios a la solicitud del Pentágono. Tan escuetos como cargados de advertencias.
Además, no le fallaba la intuición. Uno de los 23 prisioneros que el 11 de enero de 2002 inauguraron el penal de Guantánamo, tras casi 24 horas de vuelo sedados y encadenados desde Kandahar (Afganistán), era un ciudadano británico, Feroz Ali Abbasi, y en ese momento España ocupaba la presidencia rotativa de la UE, lo que le ponía en una posición muy delicada.
Abbasi fue liberado en enero de 2005 y su abogado denunció que había sufrido torturas durante su reclusión en el penal de la isla caribeña.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno de José María Aznar cuando recibió la solicitud del Pentágono fue evitar que pudiese trascender a la opinión pública.
El mismo 11 de junio por la mañana, Aguirre de Cárcer escribió al secretario general de Política de Defensa y mano derecha del ministro Federico Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, para exponerle la situación. "La línea de información pública, en respuesta a posibles preguntas de los periodistas, podría ser que no está previsto que estos vuelos realicen escalas en territorio español, pero en caso de que solicitasen aterrizar por razones de emergencia, de conformidad con las normas de aviación internacional, se les autorizaría", escribió el director general de Política Exterior para América del Norte en una carta encabezada con el anagrama de la presidencia española de la UE (un toro).
Aguirre de Cárcer proponía escudarse en la confusión, inducida por la propia Embajada de EE UU en Madrid, entre un aterrizaje de emergencia (que nunca puede ser denegado) y una decisión de carácter político.
Pero lo que el Gobierno de José María Aznar debía tomar, en un plazo perentorio de menos de 24 horas, era una decisión política. La prueba de ello es que el Pentágono obvió el procedimiento ordinario previsto en el convenio bilateral de Defensa. En vez presentar la solicitud a través del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, un organismo de carácter técnico, acudió a un cargo político: el director general de Política Exterior para América del Norte.
Tan consciente era Aguirre de Cárcer de la trascendencia del asunto que se traía entre manos que no se limitó a elevar un informe, clasificado como "muy secreto", al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. En su carta al secretario general de Política de Defensa, Aguirre de Cárcer le daba cuenta de otras gestiones que ya había realizado. "Sin perjuicio de que posiblemente el Ministro Piqué comente el tema esta mañana con el Ministro Trillo-Figueroa aprovechando el Consejo de Ministros [el 11 de enero de 2002 era viernes], tanto el secretario de Estado [Miquel] Nadal como Ramón Gil-Casares, con quienes despaché el tema anoche, eran lógicamente partidarios de contestar afirmativamente hoy a las autoridades norteamericanas".
Miquel Nadal era secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Javier Jiménez-Ugarte, como ya se ha dicho, secretario general de Política de Defensa, y Ramón Gil-Casares, director del departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno y, en consecuencia, principal consejero de José María Aznar en asuntos de política exterior.
Así pues, en las frenéticas consultas que se efectuaron para contestar a la solicitud de la Embajada de EE UU para que los aviones que trasladaban a prisioneros de Guantánamo pudieran hacer escala en España intervinieron los más cercanos colaboradores del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro de Defensa y del propio presidente.
La carta de Aguirre de Cárcer al secretario general de Política de Defensa concluía con una nota manuscrita que insistía en lo perentorio del asunto: "Convendría que habláramos antes del final de la mañana".
Al mediodía del 11 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió su respuesta a la Embajada de EE UU en Madrid y ésta fue, como había vaticinado Aguirre de Cárcer, "lógicamente" positiva.
Atendiendo a las indicaciones del vicealmirante Manuel Calvo, se hizo saber que el aeropuerto designado para realizar esas escalas sería el "más discreto", la base aérea de Morón, y Rota como alternativo.
No parece que esta respuesta pillase por sorpresa al Pentágono. Según hizo notar el presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, cuatro aviones de transporte C-17 de la Fuerza Aérea de EE UU estaban desplegados desde el 6 de enero en la base de Morón sin que tuvieran atribuida ninguna misión concreta ni tampoco hubieran reportado avería alguna.
Como sugirió el consejero político-militar de la Embajada de EE UU, su función sería servir como reserva en caso de que alguno de los aviones que transportaba a los talibanes y presos de Al Qaeda tuviera problemas.
Según los registros de control de tráfico aéreo de Portugal, el primer avión recaló en Morón el mismo 11 de enero de 2002. Según la documentación remitida por Defensa a la Audiencia Nacional, la primera escala se produjo el 2 de mayo. En tres años, 13 aeronaves sobrevolaron España camino de Guantánamo.
Un informe secreto revela la connivencia de Aznar con los vuelos a Guantánamo
EE UU avisó a Aznar del paso por España de presos para Guantánamo
Un documento secreto (puedes consultarlos aquí: I y II) revela la complicidad española en los vuelos de la vergüenza
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 30/11/2008. El País.
El 10 de enero de 2002, casi cuatro meses después del ataque contra las Torres Gemelas y dos desde la salida de los talibanes de Kabul, el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid llamó al director general de Política Exterior para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de Cárcer, y le pidió una cita urgente. Se concertó para primera hora de la tarde.
Nada más salir la visita de su despacho, el diplomático español se puso a redactar un informe sobre la inesperada entrevista. Iba dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y a su secretario de Estado, Miquel Nadal. Lo firmó, estampó el sello de "muy secreto" en el encabezamiento y lo numeró con el 3329/02.
Este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestra que el Gobierno de José María Aznar sabía que aviones de EE UU que sobrevolaban y hacían escala en España llevaban a bordo a personas detenidas en condiciones cuya legalidad era más que dudosa. Ni el Ejecutivo del PP, ni luego el del PSOE, han reconocido hasta ahora estar al corriente de estos traslados, que investiga la Audiencia Nacional.
"Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba", escribió Aguirre de Cárcer. "Estos vuelos se realizarán con aviones de largo alcance y, en consecuencia, sin escalas", proseguía. "Sin embargo, en caso de que por razones no previstas fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país".
"El Gobierno de EE UU", puntualizaba, "asegura que estas escalas serían por el tiempo mínimo imprescindible para poder trasladar otro avión al aeropuerto en cuestión para continuar vuelo y que, a estos efectos, dispondrían de aviones de reserva en la región preparados para desplazarse con carácter inmediato si fuera necesario. En todo momento, los EE UU se harían cargo de la seguridad de las personas transportadas".
La petición resultaba sorprendente por superflua. Nadie necesita una autorización previa para un aterrizaje de emergencia. Le amparan las reglas internacionales de aviación.
Y menos que nadie lo necesitaba Estados Unidos, que disponía de un convenio de cooperación para la defensa con España cuyo artículo 25.7, entonces y ahora vigente, es taxativo: "En caso de emergencia en vuelo, las aeronaves norteamericanas operadas por o para las Fuerzas de Estados Unidos de América, están autorizadas a utilizar cualquier base, aeródromo o aeropuerto español".
Pero la Administración estadounidense quería que España supiera que esos aviones transportaban a "prisioneros talibanes y de Al Qaeda". Y no sólo España. Según le hizo constar su interlocutor a Aguirre de Cárcer, "esta misma gestión las están realizando [los estadounidenses] con varios países que se encuentran a lo largo de la ruta que deben seguir los aviones en cuestión". Por lo menos, Turquía, Italia y Portugal.
En ese momento, EE UU aún no había dilapidado el capital de solidaridad que generaron en todo el mundo los atentados del 11-S en Nueva York y Washington. Pero, en noviembre de 2001, George W. Bush ya había firmado una orden, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que autorizaba la creación de tribunales especiales para juzgar a sospechosos de terrorismo. Los miembros de dichos tribunales serían militares, los acusados no podrían acceder a las pruebas en su contra (supuestamente, para preservar la seguridad nacional) y ni siquiera se les aplicaría el principio de presunción de inocencia.
Poco después, la Casa Blanca decretó que talibanes y miembros de Al Qaeda eran "combatientes enemigos ilegales" y no les reconocía los derechos previstos en la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.
Estas medidas provocaron una gran polémica en Europa, a la que el Gobierno español no pudo sustraerse, pues José María Aznar ejercería, a partir del 1 de enero de 2002 y durante un semestre, la presidencia de turno de la Unión Europea.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y numerosos juristas advirtieron de que España no podría extraditar a EE UU a ningún sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, ya que no estaba asegurado el derecho a un juicio justo y con mínimas garantías.
Cuando el 28 de noviembre Bush recibió a Aznar en el Despacho Oval, por primera vez después del 11-S, el presidente español dijo que "Estados Unidos tiene todo el derecho a organizar su jurisdicción de la manera que le resulte más oportuna, como corresponde a una democracia". Pero agregó: "Cualquier decisión que se adopte en España respecto a estos detenidos, si se pidiera su extradición, será acorde con las leyes españolas".
En su conversación con el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Aguirre de Cárcer no consiguió que éste le concretara el calendario de los vuelos previstos ni cuántos sería preciso realizar para llevar a Guantánamo a los prisioneros capturados en Afganistán y otros países.
Pero sí le indicó, según el informe secreto, que el traslado se iniciaría "muy pronto". Y le urgió a que el Gobierno español respondiese a la demanda de Washington "lo antes posible". Aguirre de Cárcer se comprometió a hacerlo "antes de mañana viernes a mediodía". Es decir, menos de 24 horas después.
Aguirre de Cárcer preguntó a su interlocutor si tenían preferencia por algún aeropuerto en particular para el caso de que esos aviones tuvieran que hacer escala en España. El consejero estadounidense le contestó que no. Por iniciativa propia, el diplomático español le sugirió que "sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos en bases militares como Morón o Rota en vez de aeropuertos civiles". Seguramente, pecó de exceso de celo, ya que el Gobierno español aún no había dado una respuesta.
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 01/12/2008. El País.
DOS NOTAS OFICIALES DEMUESTRAN QUE EL GOBIERNO DECIDIÓ MENTIR A LA OPINIÓN PÚBLICA
El presidente del Comité Permanente Hispano-Norteamericano propuso que las escalas se realizaran en la base de Morón "por ser el aeropuerto más discreto"
"Se estima que el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y alternativo, Rota". El vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, no tuvo ninguna duda para que los aviones que trasladaban a prisioneros talibanes y supuestos miembros de Al Qaeda a Guantánamo hicieran escala en España.
"Se estima que el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y alternativo, Rota". El vicealmirante Manuel Calvo, presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, no tuvo ninguna duda cuando, el 11 de junio de 2002, recibió con carácter urgente una consulta sobre la petición de Estados Unidos para que los aviones que trasladaban a prisioneros talibanes y supuestos miembros de Al Qaeda a Guantánamo hicieran escala en España.
El consejero político-militar de la Embajada de EE UU en Madrid, en su visita de la tarde anterior al director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, se había mostrado indiferente sobre la conveniencia de que las escalas se realizaran en aeropuertos civiles o militares. Pero Aguirre de Cárcer le dijo, según hizo constar en su informe, que "sería preferible utilizar aeropuertos en bases militares, como Morón o Rota, en vez de aeropuertos civiles".
Para el vicealmirante Calvo, "el aeropuerto más discreto" era la base de Morón, a 56 kilómetros de Sevilla. La misma base donde, en la Guerra del Golfo de 1991, se desplegaron los B-52 que bombardearon Irak; y en la guerra de 2003, los bombarderos invisibles F-117. Se quería que los prisioneros trasladados a Guantánamo también se volvieran invisibles para los españoles.
Había motivos para evitar la publicidad. El Gobierno era plenamente consciente de la ilegalidad de estos traslados. "Considero [que] debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales", escribió Calvo en sus comentarios a la solicitud del Pentágono. Tan escuetos como cargados de advertencias.
Además, no le fallaba la intuición. Uno de los 23 prisioneros que el 11 de enero de 2002 inauguraron el penal de Guantánamo, tras casi 24 horas de vuelo sedados y encadenados desde Kandahar (Afganistán), era un ciudadano británico, Feroz Ali Abbasi, y en ese momento España ocupaba la presidencia rotativa de la UE, lo que le ponía en una posición muy delicada.
Abbasi fue liberado en enero de 2005 y su abogado denunció que había sufrido torturas durante su reclusión en el penal de la isla caribeña.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno de José María Aznar cuando recibió la solicitud del Pentágono fue evitar que pudiese trascender a la opinión pública.
El mismo 11 de junio por la mañana, Aguirre de Cárcer escribió al secretario general de Política de Defensa y mano derecha del ministro Federico Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, para exponerle la situación. "La línea de información pública, en respuesta a posibles preguntas de los periodistas, podría ser que no está previsto que estos vuelos realicen escalas en territorio español, pero en caso de que solicitasen aterrizar por razones de emergencia, de conformidad con las normas de aviación internacional, se les autorizaría", escribió el director general de Política Exterior para América del Norte en una carta encabezada con el anagrama de la presidencia española de la UE (un toro).
Aguirre de Cárcer proponía escudarse en la confusión, inducida por la propia Embajada de EE UU en Madrid, entre un aterrizaje de emergencia (que nunca puede ser denegado) y una decisión de carácter político.
Pero lo que el Gobierno de José María Aznar debía tomar, en un plazo perentorio de menos de 24 horas, era una decisión política. La prueba de ello es que el Pentágono obvió el procedimiento ordinario previsto en el convenio bilateral de Defensa. En vez presentar la solicitud a través del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, un organismo de carácter técnico, acudió a un cargo político: el director general de Política Exterior para América del Norte.
Tan consciente era Aguirre de Cárcer de la trascendencia del asunto que se traía entre manos que no se limitó a elevar un informe, clasificado como "muy secreto", al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. En su carta al secretario general de Política de Defensa, Aguirre de Cárcer le daba cuenta de otras gestiones que ya había realizado. "Sin perjuicio de que posiblemente el Ministro Piqué comente el tema esta mañana con el Ministro Trillo-Figueroa aprovechando el Consejo de Ministros [el 11 de enero de 2002 era viernes], tanto el secretario de Estado [Miquel] Nadal como Ramón Gil-Casares, con quienes despaché el tema anoche, eran lógicamente partidarios de contestar afirmativamente hoy a las autoridades norteamericanas".
Miquel Nadal era secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Javier Jiménez-Ugarte, como ya se ha dicho, secretario general de Política de Defensa, y Ramón Gil-Casares, director del departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno y, en consecuencia, principal consejero de José María Aznar en asuntos de política exterior.
Así pues, en las frenéticas consultas que se efectuaron para contestar a la solicitud de la Embajada de EE UU para que los aviones que trasladaban a prisioneros de Guantánamo pudieran hacer escala en España intervinieron los más cercanos colaboradores del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro de Defensa y del propio presidente.
La carta de Aguirre de Cárcer al secretario general de Política de Defensa concluía con una nota manuscrita que insistía en lo perentorio del asunto: "Convendría que habláramos antes del final de la mañana".
Al mediodía del 11 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió su respuesta a la Embajada de EE UU en Madrid y ésta fue, como había vaticinado Aguirre de Cárcer, "lógicamente" positiva.
Atendiendo a las indicaciones del vicealmirante Manuel Calvo, se hizo saber que el aeropuerto designado para realizar esas escalas sería el "más discreto", la base aérea de Morón, y Rota como alternativo.
No parece que esta respuesta pillase por sorpresa al Pentágono. Según hizo notar el presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, cuatro aviones de transporte C-17 de la Fuerza Aérea de EE UU estaban desplegados desde el 6 de enero en la base de Morón sin que tuvieran atribuida ninguna misión concreta ni tampoco hubieran reportado avería alguna.
Como sugirió el consejero político-militar de la Embajada de EE UU, su función sería servir como reserva en caso de que alguno de los aviones que transportaba a los talibanes y presos de Al Qaeda tuviera problemas.
Según los registros de control de tráfico aéreo de Portugal, el primer avión recaló en Morón el mismo 11 de enero de 2002. Según la documentación remitida por Defensa a la Audiencia Nacional, la primera escala se produjo el 2 de mayo. En tres años, 13 aeronaves sobrevolaron España camino de Guantánamo.
Un informe secreto revela la connivencia de Aznar con los vuelos a Guantánamo
EE UU avisó a Aznar del paso por España de presos para Guantánamo
Un documento secreto (puedes consultarlos aquí: I y II) revela la complicidad española en los vuelos de la vergüenza
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 30/11/2008. El País.
El 10 de enero de 2002, casi cuatro meses después del ataque contra las Torres Gemelas y dos desde la salida de los talibanes de Kabul, el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid llamó al director general de Política Exterior para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de Cárcer, y le pidió una cita urgente. Se concertó para primera hora de la tarde.
Nada más salir la visita de su despacho, el diplomático español se puso a redactar un informe sobre la inesperada entrevista. Iba dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y a su secretario de Estado, Miquel Nadal. Lo firmó, estampó el sello de "muy secreto" en el encabezamiento y lo numeró con el 3329/02.
Este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestra que el Gobierno de José María Aznar sabía que aviones de EE UU que sobrevolaban y hacían escala en España llevaban a bordo a personas detenidas en condiciones cuya legalidad era más que dudosa. Ni el Ejecutivo del PP, ni luego el del PSOE, han reconocido hasta ahora estar al corriente de estos traslados, que investiga la Audiencia Nacional.
"Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba", escribió Aguirre de Cárcer. "Estos vuelos se realizarán con aviones de largo alcance y, en consecuencia, sin escalas", proseguía. "Sin embargo, en caso de que por razones no previstas fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país".
"El Gobierno de EE UU", puntualizaba, "asegura que estas escalas serían por el tiempo mínimo imprescindible para poder trasladar otro avión al aeropuerto en cuestión para continuar vuelo y que, a estos efectos, dispondrían de aviones de reserva en la región preparados para desplazarse con carácter inmediato si fuera necesario. En todo momento, los EE UU se harían cargo de la seguridad de las personas transportadas".
La petición resultaba sorprendente por superflua. Nadie necesita una autorización previa para un aterrizaje de emergencia. Le amparan las reglas internacionales de aviación.
Y menos que nadie lo necesitaba Estados Unidos, que disponía de un convenio de cooperación para la defensa con España cuyo artículo 25.7, entonces y ahora vigente, es taxativo: "En caso de emergencia en vuelo, las aeronaves norteamericanas operadas por o para las Fuerzas de Estados Unidos de América, están autorizadas a utilizar cualquier base, aeródromo o aeropuerto español".
Pero la Administración estadounidense quería que España supiera que esos aviones transportaban a "prisioneros talibanes y de Al Qaeda". Y no sólo España. Según le hizo constar su interlocutor a Aguirre de Cárcer, "esta misma gestión las están realizando [los estadounidenses] con varios países que se encuentran a lo largo de la ruta que deben seguir los aviones en cuestión". Por lo menos, Turquía, Italia y Portugal.
En ese momento, EE UU aún no había dilapidado el capital de solidaridad que generaron en todo el mundo los atentados del 11-S en Nueva York y Washington. Pero, en noviembre de 2001, George W. Bush ya había firmado una orden, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que autorizaba la creación de tribunales especiales para juzgar a sospechosos de terrorismo. Los miembros de dichos tribunales serían militares, los acusados no podrían acceder a las pruebas en su contra (supuestamente, para preservar la seguridad nacional) y ni siquiera se les aplicaría el principio de presunción de inocencia.
Poco después, la Casa Blanca decretó que talibanes y miembros de Al Qaeda eran "combatientes enemigos ilegales" y no les reconocía los derechos previstos en la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.
Estas medidas provocaron una gran polémica en Europa, a la que el Gobierno español no pudo sustraerse, pues José María Aznar ejercería, a partir del 1 de enero de 2002 y durante un semestre, la presidencia de turno de la Unión Europea.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y numerosos juristas advirtieron de que España no podría extraditar a EE UU a ningún sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, ya que no estaba asegurado el derecho a un juicio justo y con mínimas garantías.
Cuando el 28 de noviembre Bush recibió a Aznar en el Despacho Oval, por primera vez después del 11-S, el presidente español dijo que "Estados Unidos tiene todo el derecho a organizar su jurisdicción de la manera que le resulte más oportuna, como corresponde a una democracia". Pero agregó: "Cualquier decisión que se adopte en España respecto a estos detenidos, si se pidiera su extradición, será acorde con las leyes españolas".
En su conversación con el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Aguirre de Cárcer no consiguió que éste le concretara el calendario de los vuelos previstos ni cuántos sería preciso realizar para llevar a Guantánamo a los prisioneros capturados en Afganistán y otros países.
Pero sí le indicó, según el informe secreto, que el traslado se iniciaría "muy pronto". Y le urgió a que el Gobierno español respondiese a la demanda de Washington "lo antes posible". Aguirre de Cárcer se comprometió a hacerlo "antes de mañana viernes a mediodía". Es decir, menos de 24 horas después.
Aguirre de Cárcer preguntó a su interlocutor si tenían preferencia por algún aeropuerto en particular para el caso de que esos aviones tuvieran que hacer escala en España. El consejero estadounidense le contestó que no. Por iniciativa propia, el diplomático español le sugirió que "sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos en bases militares como Morón o Rota en vez de aeropuertos civiles". Seguramente, pecó de exceso de celo, ya que el Gobierno español aún no había dado una respuesta.
